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La incapacidad temporal, conocida como baja médica, ocurre cuando un trabajador no puede realizar su actividad laboral debido a enfermedad o accidente, ya sea laboral o común. Durante este tiempo, recibe atención sanitaria y una prestación económica sustitutiva de su salario habitual. Fases de la baja médica Hasta 365 días (12 meses): La empresa gestiona la prestación económica y la atención sanitaria. Prórroga hasta 545 días (18 meses): El Instituto Nacional de la Seguridad Social puede ampliar la baja médica otros seis meses si se prevé recuperación. Prolongación excepcional hasta 730 días (24 meses): En casos específicos y con expectativa de mejoría, la baja puede prolongarse hasta dos años. Qué ocurre al llegar a los 545 días Al alcanzar los 545 días, el INSS evalúa al trabajador mediante un tribunal médico y puede tomar tres decisiones principales: Alta médica: El trabajador debe reincorporarse inmediatamente a su puesto. Incapacidad Permanente: Según la gravedad (parcial, total, absoluta o gran invalidez), el trabajador recibirá una pensión mensual y posiblemente se extinguirá su contrato laboral. Demora de calificación: Se prolonga excepcionalmente hasta los 730 días si existe posibilidad real de recuperación. Desde el día 546, el pago de la prestación lo realiza directamente el INSS o la mutua, y la empresa deja de cotizar por el trabajador.

La Justicia está cambiando, y esta vez, de verdad. Con la entrada en vigor el 3 de abril de 2025 de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, se ha producido una auténtica revolución procesal: antes de poner una demanda, en la mayoría de los casos, estarás obligado u obligada a intentar alcanzar un acuerdo por vía extrajudicial. ¡Y no, no es una opción! Hablamos de los MASC. Pero, ¿qué son exactamente los MASC? ¿Cuándo son obligatorios? ¿A qué te expones si no los cumples? Y lo más importante: ¿cómo pueden ayudarte a resolver tu conflicto de forma más rápida, económica y satisfactoria? Te lo explico, punto por punto. ¿Qué son los MASC? Los MASC son los Medios Adecuados de Solución de Controversias en vía no jurisdiccional. Dicho de forma sencilla: son formas alternativas a los tribunales para intentar resolver un conflicto. La filosofía detrás de los MASC es clara: fomentar la cultura del acuerdo. Evitar que los ciudadanos lleguen a juicio sin haber explorado, de buena fe, una vía negociada.

En el mundo financiero, los contratos de préstamos personales son herramientas habituales para obtener financiación. Sin embargo, muchas entidades bancarias y financieras incluyen en estos contratos cláusulas que pueden considerarse abusivas. Es fundamental que los consumidores conozcan sus derechos y sepan cómo actuar ante una situación de abuso. En este artículo, explicamos en qué consisten estas cláusulas, cómo identificarlas y qué acciones puedes tomar para defenderte. ¿Qué Son las Cláusulas Abusivas? Las cláusulas abusivas son aquellas estipulaciones contractuales que, imponiendo condiciones desproporcionadas o no negociadas individualmente, generan un perjuicio significativo para el consumidor. Estas cláusulas suelen ser declaradas nulas por los tribunales, lo que significa que no pueden ser aplicadas por la entidad financiera.

En el complejo mundo de los contratos hipotecarios, los consumidores suelen encontrarse en una posición de desventaja frente a las entidades financieras. Durante años, muchas hipotecas han incluido cláusulas abusivas que imponen condiciones desproporcionadas o desleales, afectando gravemente a los prestatarios. Afortunadamente, el ordenamiento jurídico, tanto nacional como europeo, ha avanzado considerablemente en la protección de los consumidores, permitiendo impugnar estas cláusulas y recuperar las cantidades indebidamente pagadas. En este artículo, analizaremos qué son las cláusulas abusivas, cuáles son las más comunes en los préstamos hipotecarios y qué recursos legales existen para defenderse de ellas. ¿Qué es una cláusula abusiva? Las cláusulas abusivas son aquellas disposiciones contractuales que generan un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. Según la Directiva 93/13/CEE de la Unión Europea, una cláusula es abusiva cuando: No ha sido negociada individualmente. En contra de las exigencias de la buena fe, causa un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes. Impide que el consumidor comprenda con claridad el impacto económico de dicha cláusula. En la práctica, esto significa que cualquier condición impuesta unilateralmente por el banco, sin explicación suficiente y que perjudique de manera injustificada al prestatario, podría ser declarada abusiva por los tribunales. Principales cláusulas abusivas en hipotecas 1. Cláusula suelo Una de las cláusulas más conocidas y litigadas. La cláusula suelo establece un límite mínimo al tipo de interés variable de una hipoteca, impidiendo que el consumidor se beneficie de las bajadas del euríbor. En 2013, el Tribunal Supremo declaró su nulidad si no se había informado adecuadamente al prestatario. Posteriormente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó la devolución total de los importes indebidamente cobrados. 2. Intereses de demora abusivos El interés de demora es el recargo que se impone al prestatario por el impago de las cuotas de la hipoteca. La ley establece que no puede superar en tres veces el interés legal del dinero. No obstante, muchas entidades han aplicado intereses muy superiores, lo que ha llevado a la nulidad de estas cláusulas por los tribunales. 3. Cláusula de vencimiento anticipado Esta cláusula permitía a los bancos dar por vencida la hipoteca y exigir la totalidad de la deuda con el impago de una sola cuota. La jurisprudencia ha considerado abusiva esta práctica y ha establecido que solo podrá ejecutarse la hipoteca si el impago es grave, es decir, si afecta a un porcentaje considerable del préstamo. 4. Cláusula de gastos hipotecarios Muchas hipotecas obligaban al prestatario a asumir todos los gastos de formalización del préstamo (notaría, registro, gestión, impuestos). El Tribunal Supremo ha declarado que estos costes deben ser repartidos entre el banco y el prestatario, pudiendo reclamar la devolución de los pagos indebidos. 5. Cláusula IRPH El Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios ha sido objeto de numerosas reclamaciones, ya que ha resultado ser menos beneficioso que el euríbor. La falta de transparencia en su aplicación ha llevado a los tribunales a analizar caso por caso si el consumidor recibió suficiente información sobre sus implicaciones.

La vida está en constante cambio y, en ocasiones, las circunstancias que se tuvieron en cuenta en una sentencia de divorcio o separación ya no reflejan la realidad de las familias. Cuando esto ocurre, es posible solicitar una modificación de medidas paterno-filiales para ajustar aspectos como la custodia, la pensión de alimentos, el régimen de visitas o el uso de la vivienda familiar. En este artículo, exploraremos en detalle en qué consiste este procedimiento, cuándo se puede solicitar y qué requisitos se deben cumplir. ¿Qué es la modificación de medidas paterno-filiales? La modificación de medidas es un procedimiento judicial mediante el cual se pueden revisar y modificar las condiciones establecidas en una sentencia de divorcio, separación o medidas paterno-filiales cuando han cambiado sustancialmente las circunstancias en las que se basaron. De acuerdo con el artículo 90.3 del Código Civil, las medidas pueden ser modificadas cuando las nuevas necesidades de los hijos o el cambio en las circunstancias de los progenitores así lo aconsejen. 

Al finalizar el contrato de arrendamiento, los arrendadores se enfrentan a la incertidumbre de cómo proceder correctamente para garantizar la recuperación de su propiedad. Es fundamental conocer los derechos y deberes implicados en este proceso, ya que una gestión adecuada puede prevenir problemas legales y garantizar la tranquilidad tanto del arrendador como del arrendatario. Determinación del fin del contrato de arrendamiento El contrato de arrendamiento debe especificar claramente su duración y las condiciones bajo las cuales se puede finalizar. Usualmente, existen disposiciones sobre la prórroga automática del contrato a menos que alguna de las partes comunique su intención de no renovarlo dentro de un plazo estipulado. 

En el acelerado mundo laboral de hoy, la gestión de las horas extraordinarias es una cuestión crucial que afecta a millones de trabajadores en todos los sectores. Este artículo proporciona una mirada exhaustiva sobre cómo se deben administrar las horas extraordinarias, detallando no solo la legislación vigente sino también explorando las realidades prácticas que enfrentan tanto trabajadores como empleadores. En términos legales, las horas extraordinarias se definen como aquellas que superan la jornada laboral estándar acordada en el contrato de trabajo. El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 35, es la piedra angular de la regulación de estas horas, estableciendo que deben ser compensadas con un recargo del 75% sobre el valor de la hora ordinaria, o mediante tiempo libre. Sin embargo, la aplicación práctica de estas disposiciones varía según el convenio colectivo de cada sector o los acuerdos individuales entre empleadores y empleados. 

En un importante avance hacia la protección de los trabajadores y la mejora del poder adquisitivo, el gobierno español, en colaboración con los sindicatos CCOO y UGT, ha anunciado nuevamente una significativa subida del SMI que se implementará retroactivamente desde el 1 de enero de 2025, una vez publicado en el BOE. Este incremento, que eleva el SMI a 1.184 euros mensuales repartidos en 14 pagas (un total anual de 16.576 euros brutos), promete tener un impacto considerable en más de dos millones de trabajadores. Por tanto, los empresarios deberán ajustar el importe correspondiente al mes de enero teniendo en cuenta este alza, que se verá reflejada en la nómina de febrero. Existen dos poderosas razones para revisar y actualizar el SMI cada año: que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo frente a la subida del coste de vida y que este no deje de representar el 60 % del salario medio, de acuerdo con lo establecido por el Comité Europeo de Derechos Sociales y el compromiso de legislatura del Gobierno para evitar la desigualdad salarial. El SMI se ha incrementado desde 2018 en un 54 %. Es decir, ha propiciado un aumento del salario de 5.573 euros en los últimos siete años: Evolución del Salario Mínimo Interprofesional 2017-2025: SMI 2017__ 707 euros SMI 2018__ 736 euros SMI 2019__ 900 euros SMI 2020__ 950 euros SMI 2021__ 965 euros SMI 2022__1000 euros SMI 2023__1080 euros SMI 2024__1134 euros SMI 2025__1184 euros