¿Qué es la patria potestad?

 

Antes de profundizar en los procedimientos de jurisdicción voluntaria, es necesario entender qué implica la patria potestad. Este derecho y deber incluye aspectos clave como:

 

- La educación y formación de los hijos.

- La toma de decisiones sobre su salud.

- La administración de su patrimonio.

- La representación legal en determinados actos.

 

En un contexto ideal, ambos progenitores deben ponerse de acuerdo en cada uno de estos aspectos. Sin embargo, las diferencias de opinión son inevitables, especialmente cuando los padres están separados o divorciados.

 

Algunos de los desacuerdos más frecuentes sobre el ejercicio de la patria potestad incluyen:

 

1. Decisiones sobre la educación: Elegir el centro escolar, el tipo de formación (pública o privada), o si se debe o no optar por una educación religiosa.

 

2. Tratamientos médicos: La decisión sobre si someter a los hijos a determinados tratamientos médicos, especialmente en casos delicados como cirugías, terapias psicológicas, o tratamientos alternativos.

 

3. Cambios de residencia: Si uno de los progenitores desea mudarse a otra ciudad o incluso a otro país con el menor, lo que impacta directamente en la vida del otro progenitor y del niño.

 

4. Vacaciones o actividades extracurriculares: A veces, los padres pueden no estar de acuerdo en cuanto a las actividades que el menor realiza fuera del horario escolar o sobre la duración y destino de las vacaciones.

 

Cuando los progenitores no logran llegar a un acuerdo, es fundamental contar con una vía efectiva para solucionar estos conflictos sin causar más estrés a los hijos.

 

Procedimientos de Jurisdicción Voluntaria

 

La Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria introdujo una herramienta útil para resolver este tipo de desacuerdos sin necesidad de un juicio contencioso. Este procedimiento es especialmente relevante cuando ambos progenitores tienen la patria potestad compartida, pero no logran ponerse de acuerdo en decisiones importantes para el bienestar del menor.

 

 ¿Cómo funciona?

 

El procedimiento de jurisdicción voluntaria se inicia mediante una solicitud ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del menor. En este escrito, uno de los progenitores explica el desacuerdo y solicita al juez que decida sobre la cuestión. Es importante destacar que no es un procedimiento para cuestiones de custodia o régimen de visitas, sino para aspectos concretos del ejercicio de la patria potestad.

 

Los pasos a seguir en este procedimiento suelen ser los siguientes:

 

1. Presentación de la solicitud: Uno de los progenitores presenta una solicitud escrita exponiendo el desacuerdo y justificando por qué su propuesta es la mejor para el menor.

 

2. Citación al otro progenitor: El juzgado notifica al otro progenitor, quien también tiene la oportunidad de presentar sus argumentos y su postura respecto al desacuerdo.

 

3. Intervención del Ministerio Fiscal: Dado que en este tipo de procedimientos están en juego los derechos e intereses de un menor, el Ministerio Fiscal interviene para velar por el bienestar del niño o niña.

 

4. Resolución judicial: Finalmente, el juez emite una resolución tomando en cuenta los intereses del menor y basándose en los argumentos presentados por ambos progenitores.

 

Este procedimiento tiene la ventaja de ser más ágil que un juicio contencioso, evitando así largos periodos de incertidumbre que podrían afectar negativamente al menor.

 

¿Por qué optar por la jurisdicción voluntaria?

 

Existen varias razones por las cuales este procedimiento es una opción recomendable cuando surgen desacuerdos en el ejercicio de la patria potestad:

 

- Rapidez: Al no tratarse de un procedimiento contencioso, los plazos suelen ser más cortos.

 

- Menor confrontación: La jurisdicción voluntaria se enfoca en resolver un desacuerdo puntual sin generar un enfrentamiento directo entre los progenitores.

 

- Intervención del Ministerio Fiscal: La presencia del Ministerio Fiscal garantiza que siempre se prioricen los intereses del menor.

 

- Centrado en el menor: El procedimiento está diseñado para resolver situaciones específicas que afectan directamente al bienestar del niño, asegurando que la resolución sea lo más beneficiosa para él.

 

 

Los desacuerdos entre progenitores sobre el ejercicio de la patria potestad son inevitables en muchas situaciones. Sin embargo, gracias a los procedimientos de jurisdicción voluntaria, es posible resolver estos conflictos de manera rápida y efectiva, siempre priorizando el bienestar del menor. Es esencial que los progenitores conozcan estas herramientas y sepan que tienen a su disposición un camino legal que no solo resuelve sus diferencias, sino que también protege a sus hijos de los efectos negativos que un largo proceso judicial podría generar.

 

Si te encuentras en una situación similar y no sabes cómo proceder, lo más recomendable es consultar con un abogado especializado que se pueda orientar bien. En Santisteban Abogados, nos comprometemos a ayudarte a encontrar la mejor solución. Contáctanos y trabajaremos juntos para resolver el conflicto de manera eficaz.