La Ley 8/2021, de 2 de junio, ha traído cambios significativos en la forma en que se protege y apoya a las personas con discapacidad en España. Esta reforma no solo es un cambio legal, sino también un avance hacia un trato más justo, igualitario y respetuoso con los derechos de quienes, hasta esta, veían limitada su capacidad para tomar decisiones sobre su vida.
En este artículo, te explicamos de manera sencilla y clara en qué consiste esta ley y cómo afecta tanto a las personas con discapacidad como a sus familias y entornos.
¿Qué cambia con la Ley 8/2021?
La Ley 8/2021 se enfoca en proporcionar apoyo, en lugar de imponer la incapacitación de las personas con discapacidad. Hasta la llegada de esta normativa, era común que una persona con discapacidad fuera incapacitada judicialmente, lo que implicaba que otra persona (tutor o curador) tomara decisiones por ella en muchos aspectos de su vida.
Con esta reforma, se cambia completamente el enfoque. El objetivo ya no es quitarle la capacidad a la persona, sino brindarle el apoyo necesario para que pueda tomar sus propias decisiones de manera autónoma, siempre que sea posible.
Adiós a la incapacitación: Hola al apoyo
Antes de esta ley, cuando se declaraba a una persona incapacitada, muchas veces se le retiraba su capacidad para gestionar su patrimonio, tomar decisiones médicas o incluso decidir sobre su vida personal. Ahora, el sistema legal apuesta por medidas de apoyo personalizadas que respetan la voluntad y preferencias de la persona.
El enfoque de la Ley 8/2021 se basa en un principio fundamental: todas las personas tienen derecho a tomar sus decisiones y a ser tratadas de forma igualitaria, independientemente de su situación de discapacidad. Las medidas de apoyo pueden variar dependiendo de cada persona y sus circunstancias, desde el acompañamiento en ciertos actos hasta la asistencia en la gestión de sus bienes.
¿Qué son las medidas de apoyo?
Las medidas de apoyo que introduce esta ley pueden ser tan variadas como lo necesite cada persona. Se busca que el apoyo sea lo más ligero posible, de modo que la persona con discapacidad siga siendo la protagonista en su vida. Algunas de las medidas que se pueden adoptar incluyen:
- Asistencia en la toma de decisiones: una persona puede necesitar apoyo para decidir sobre cuestiones complejas, como la administración de su patrimonio o la firma de contratos.
- Acompañamiento en actos jurídicos: si la persona con discapacidad lo desea, puede contar con un acompañante que le ayude a comprender las consecuencias de sus decisiones.
- Representación limitada: en algunos casos excepcionales, cuando la persona no puede tomar ciertas decisiones, un curador puede representarla, pero siempre con el menor impacto posible en su autonomía.
Revisión de medidas anteriores: La tutela y la curatela
La Ley 8/2021 también elimina figuras tradicionales como la tutela para personas adultas y la sustituye por medidas de apoyo más flexibles y ajustadas. La curatela, por otro lado, se convierte en una figura de apoyo asistencial, es decir, su función será únicamente ayudar, en lugar de sustituir la voluntad de la persona.
Además, cualquier medida que se adopte debe ser revisada periódicamente para asegurarse de que sigue siendo adecuada para las necesidades de la persona. Esto permite ajustar el apoyo en función de la evolución de la discapacidad y las circunstancias de la persona, evitando situaciones que antes podían perpetuar la incapacitación de por vida.
¿Y qué pasa con los tutores y curadores actuales?
Si ya se había nombrado a un tutor o curador antes de la entrada en vigor de esta ley, no te preocupes. La Ley 8/2021 establece que todas las medidas de apoyo acordadas antes de su entrada en vigor serán revisadas y adaptadas. Esto significa que se evaluará si estas medidas siguen siendo adecuadas o si es necesario hacer ajustes para respetar mejor la autonomía de la persona.
Una ley para promover la autonomía
Lo que hace especial a esta ley es su enfoque en la autonomía y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad. Ya no se habla de incapacidad o de personas incapacitadas, sino de personas con derechos plenos, que deben contar con los apoyos adecuados para tomar sus propias decisiones.
Además, esta ley está en línea con los estándares internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que España ratificó en 2008. Esta convención reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a tomar decisiones sobre sus propias vidas, en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad.
¿Qué supone para las familias?
Si tienes un familiar con discapacidad, es posible que esta ley te afecte directamente. A partir de ahora, las familias tendrán un papel más activo en el apoyo, pero sin que eso signifique tomar las riendas de la vida de sus seres queridos. En lugar de ser tutores con plena capacidad de decisión, muchas veces actuarán como acompañantes y guías, respetando siempre la voluntad de la persona.
Este cambio puede parecer complicado, pero en realidad refuerza la idea de que todas las personas, independientemente de su discapacidad, tienen el derecho a ser escuchadas y respetadas en todas las decisiones que les afectan.
La Ley 8/2021 supone un gran avance en la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Al poner el foco en el apoyo en lugar de la incapacitación, se promueve un trato más justo y respetuoso, dando más protagonismo a las personas en sus propias decisiones.
Si tienes alguna duda sobre cómo esta ley puede afectar a tu situación o la de un familiar, no dudes en contactarnos. ¡Te asesoramos para que siempre tomes las mejores decisiones!